Ley de Lerdo (1856)

México ha atravesado tiempos difíciles en los cuales se ha presentado caos e inestabilidad política debido al descontento generado por los mismos dirigentes políticos y por la intervención de otros países a fin de apoderarse de sus tierras.

Pero, en una época específica de la historia, a mediados de los años 1800, se promulgó especialmente una ley que trajo como consecuencia muchos cambios y abusos por parte del Estado para controlar las tierras, conflicto en el que salieron afectados también los indígenas de dicho territorio. A continuación damos más detalles.

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¿Qué es la Ley de Lerdo?

Esta ley fue aprobada y decretada el 25 de junio del año 1856 durante el gobierno de Ignacio Comonfort. En realidad tenía como nombre Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas. Sin embargo, se le conoció como Ley de Lerdo, debido a que su promotor principal fue Miguel Lerdo de Tejada, quien cumplía funciones como dirigente del Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, esta ley formó parte de una reorganización del gobierno después de que la presidencia de Santa Anna se viera por terminada por parte de la oposición liberal mexicana con el Plan de Ayutla. A esta la acompañó un grupo de decretos que separaban las acciones del Estado de la Iglesia católica, quienes en años anteriores habían actuado de manera muy unida, influyendo mutuamente uno sobre las acciones del otro.

Aunado a esto, los casos de corrupción que se habían comprobado dentro de las organizaciones católicas aceleraron la creación de esta ley como un procedimiento de limpieza de los poderes de gobierno. Por supuesto, la promoción de la Ley de Lerdo generó malestar en este grupo influyente de la sociedad.

Objetivos de la Ley de Lerdo

Esta nueva ley tenía la función principal de incrementar el movimiento económico del Estado con un modelo parecido al que se manejaba en el país vecino de Estados Unidos, en el que la producción del campo se estaba desarrollando a pasos agigantados. Este aumento de la economía se llevaría a cabo mediante la conversión de tierras que se consideraban muertas a terrenos productivos en manos de personas expertas.

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Se buscaba también darle legalidad a la tenencia de tierras. Que cada arrendador tuviera un contrato con su patrimonio. Así, los ocupantes podrían rendir cuenta al gobierno de las actividades que llevaban a cabo. Además, la venta de terrenos que no estaban siendo productivos, daría paso a la recaudación de dinero para el Estado, que en esos momentos se encontraba en banca rota y generaría impuestos para el enriquecimiento de la nación.

Muchos de estos territorios anteriormente habían estado en manos de la Iglesia, pero ahora estarían a disposición de los ciudadanos, quienes podrían comprarlos por medio de subastas que se hacían de manera pública. Durante estos eventos, miembros de la Iglesia o corporaciones no tenían participación, pues tenían prohibida la adquisición de estos. Sólo podrían tener edificios y lugares para sus actividades religiosas.

Contenido de la Ley de Lerdo

  • Aquellas propiedades que estaban acreditadas a nombre de corporaciones civiles o la iglesia, pasarían a manos de civiles.
  • Todo terreno que se compartía entre un grupo de personas, debería ser repartido en partes iguales, si había alguno que pagaba un alquiler de mayor cantidad, a éste le correspondía la parte más grande.
  • Si un terreno no tenía propietario, se procedía a realizar una subasta, en la que aquel que ofreciera la mayor cantidad de dinero se quedaba con el mismo.
  • Al momento en el que la ley de Lerdo se hizo pública, era necesario que cada persona que habitara en una de las tierras en cuestión tuviera su contrato legal de arrendamiento, de lo contrario era obligatorio que desocupara.
  • Esta ley fijó el precio de las propiedades y el costo del alquiler de las mismas.
  • Los edificios que se empleaban para labores eclesiásticas o que servían para habitación para quienes pertenecían a esta profesión, eran considerados como un bien aparte de la finca, por lo cual, sus habitantes no debían verse obligados a desocuparlas.
  • El decreto daba un lapso de tres meses para desocupar las tierras a partir de su publicación. Aquellos propietarios que tuvieran alguna clase de crédito y que no lo hubieran pagado en su totalidad, tenían ese mismo plazo para liquidarla.
  • Expresamente la ley excluía a miembros y organizaciones de la iglesia o corporaciones a adquirir alguna de las fincas urbanas o rústicas. En el caso de las corporaciones, sólo aquellas que mediante su oficio probaran que el terreno era imprescindible para sus labores, podrían obtenerla.
  • Se le colocaba una multa desde 100 hasta 200 pesos o desde 1 mes hasta un año de cárcel a quienes violaban la ley.
  • Se dispuso que un 5% de lo que se ganaba por movimiento económico de las fincas se pagaba a gobierno como impuesto.

Consecuencias de la Ley de Lerdo

Al establecerse la ley de Lerdo, se dio comienzo a un conjunto de quejas y malentendidos entre aquellos que ocupaban las tierras. La ley establecía la legalidad que cada propietario debía tener para comprobar su posesión, pero algunos que las tenían por ser herederos, no quisieron desocupar y de hecho, fueron a juicio para rebatir las decisiones del Estado. Por consiguiente, fincas que ocupaban grandes extensiones de terreno quedaron vacías mientras que otras llegaron a ser propiedad de tan sólo pocas personas.

Por otro lado, la condición crítica en sentido económico en la que se hallaba México y sus habitantes al proclamarse esta ley, trajo como resultado que pocos locales pudieran tener acceso a las subastas de las fincas. Como resultado, la mayor parte de los compradores fueron extranjeros que aprovecharon la oportunidad. De esta forma, se dio comienzo a una época latifundista, en la que las grandes haciendas productoras estaban a manos de personas adineradas con mano de obra mexicana.

Adicionalmente, las medidas expuestas en este decreto tuvieron consecuencias adversas para la población indígena del país. Generalmente, los indígenas tenían el control de sus tierras como terceros, pero al entrar en vigor esta nueva ley, perdieron sus tierras. Además, esta comunidad era conocida por su bajo poder adquisitivo, por lo que no podían comprarlas al precio que el Estado exigía. El procedimiento por el que muchos de ellos optaban era comparecer ante las autoridades judiciales a fin de realizar la compra de la finca a título personal. Sin embargo, los honorarios que estos cobraban aunados a la corrupción con la que ejercían sus cargos, les cerró la puertas a estas personas para obtener tierras productivas. Consecuentemente, el número de indígenas en México se vio diezmado y su situación económica empeoró.

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